Málaga, 10 de junio de 2025.- El diputado nacional por el PP de Málaga Mario Cortés ha criticado que el Gobierno de Sánchez se mantenga en la negativa a crear 56 nuevos órganos judiciales y 15 plazas de magistrados en las audiencias provinciales de Andalucía, tal y como le ha solicitado la Junta, mientras “toca fondo” en materia judicial con los diferentes casos de corrupción y el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
De este modo, ha lamentado “el nivel de degradación de las instituciones por parte del Ejecutivo socialista” y subraya que “este Gobierno dedica toda su energía y recursos a tapar la corrupción y contentar a sus socios para mantenerse en el poder, afianzando el agravio a esta provincia”.
“El PSOE sólo atiende a criterios partidista; tenemos a un Gobierno sin presupuestos, sin inversiones ni proyectos que tiene a España y a Málaga paralizados y pendientes de los continuos escándalos”, ha advertido, señalando que, mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia Andaluza (TSJA) le insta a crear 82 plazas de jueces en la provincia para ayudar a reducir la carga de trabajo y paliar el aumento de la litigiosidad.
El diputado nacional ha denunciado que “llevamos años alertando de que Málaga avanza a dos velocidades: la que imprimen con su acción de gobierno desde los ayuntamientos, la Diputación y la Junta de Andalucía frente a la parálisis y el agravio continuado del Gobierno de España”.
En materia judicial, Cortés ha incidido en que Sánchez y Bolaños “niegan recursos y jueces a Málaga pero concede 60 magistrados a Cataluña por mero interés político”.
Por último, ha censurado “la institucionalización del fango y el bulo por parte de los socialistas desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa” y ha exigido tanto la dimisión del fiscal general como la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso para informar sobre las indicaciones recibidas por García Ortiz desde Presidencia del Gobierno y que motivaron su actuación del 13 de marzo de 2024 y de días posteriores, según recoge el auto de procedimiento abreviado, que considera confirmados los indicios de un presunto delito de revelación de secretos.
